Un reciente sondeo nacional realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB) ha revelado un aumento notable en el respaldo de la ciudadanía hacia el uso de la fuerza policial en Chile, en un contexto marcado por intensos debates sobre seguridad pública y crimen organizado. Según el Cuarto Sondeo «Percepciones ciudadanas frente al uso de la fuerza policial», un 72% de los encuestados expresó su acuerdo con las acciones de Carabineros en el control del orden público, lo que significa un incremento de siete puntos porcentuales en comparación con la medición anterior. Este cambio en la percepción pública refleja una creciente preocupación por la seguridad y una mayor confianza en las fuerzas policiales para enfrentar situaciones críticas.
El sondeo pone de manifiesto un respaldo abrumador al uso de la fuerza en circunstancias de riesgo vital, con un 91% de los consultados que considera justificado que Carabineros utilice su arma de fuego cuando su vida o la de terceros esté en peligro. Además, un 84% opina que tal facultad otorga mayor protección a la ciudadanía. A esto se suma un fuerte apoyo al principio de autoridad, donde un 89% estima que es responsabilidad moral de las personas obedecer las órdenes policiales siempre que se ajusten a los protocolos establecidos. Estos resultados sugieren que los ciudadanos valoran la seguridad como una prioridad y respaldan firmemente el actuar policial en caso de amenazas.
En cuanto a la proporcionalidad del uso de la fuerza, el estudio revela una clara expectativa de respuestas diferenciadas de la policía según el tipo de situación. Por ejemplo, frente a una negativa a un control de identidad, un 60% de los encuestados prefiere que la autoridad proceda con una advertencia verbal. En contraste, ante amenazas que impliquen armas de fuego, el apoyo al uso de las mismas por parte de la policía se eleva hasta un 89%. Por otro lado, en casos de saqueos, la mayoría opta por el uso de armas no letales. Este panorama ilustra las complejas expectativas que la ciudadanía tiene respecto a la intervención policial en diferentes contextos.
El sondeo también ha identificado al narcotráfico y al crimen organizado como la principal amenaza para la seguridad nacional, siendo calificados como un riesgo alto o medio por un 96% de los participantes. Otros riesgos destacados incluyen los ciberataques (79%), incendios forestales y desastres naturales (69%) y pandemias (61%). En una notable evolución, la inmigración ha visto disminuir su percepción como amenaza en comparación con estudios anteriores. Este cambio sugiere un enfoque renovado y prioritario hacia problemas que las autoridades y la población consideran más apremiantes en la actualidad.
Por último, el estudio destaca un apoyo acotado al papel de las Fuerzas Armadas en tareas específicas como el resguardo de fronteras y la respuesta a desastres naturales. Sin embargo, la sociedad muestra reservas respecto a su participación en labores de orden público interno. Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo del IPP UNAB, comentó que estos resultados reflejan una ciudadanía que, ante el aumento del crimen organizado y la inseguridad, valora el papel de las policías como actores clave en la protección de la vida y el orden público. La necesidad de un enfoque coordinado y efectivo en los desafíos a la seguridad permanece como un tema central en el debate nacional.
