La Corte Suprema de Chile ratificó el fallo del Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua, el cual había impuesto una multa de 10 UTM a la empresa Sociedad Comercial Fernando Silva y Cía. Ltda. por violaciones a la Ley del Consumidor. Este fallo se da en el contexto de un caso que ha puesto en evidencia las responsabilidades de los talleres mecánicos en la protección de los vehículos de sus clientes, subrayando la importancia de cumplir con los servicios contratados. Además, el tribunal ordenó al taller a indemnizar al consumidor afectado con un monto total que asciende a $8.400.000, sumando tanto el daño emergente como el daño moral por la falta de diligencia y cuidado en el manejo del vehículo.
Los hechos se remontan al 6 de mayo de 2020, cuando un consumidor llevó su camioneta Ssangyong Actyon Sport a un taller mecánico de confianza para realizar un servicio de pintura. Sin embargo, durante el proceso, el cliente fue diagnosticado con COVID-19, lo que resultó en una larga hospitalización y recuperación que se extendió por tres meses. Este tiempo de vulnerabilidad fue utilizado por el taller para aplazar de manera reiterada la entrega del automóvil, justificándose con diferentes excusas, lo que generó una creciente preocupación en el afectado ante la falta de información sobre su vehículo.
Al recuperar su salud, el consumidor visitó el taller solo para descubrir que su camioneta había sido desmantelada y se encontraba en un inmueble colindante, sin justificación alguna por parte del taller. Ante la gravedad de la situación, el afectado decidió interponer una querella y una demanda civil, en la que se unió el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) a favor de sus derechos. En diciembre de 2023, el Primer Juzgado de Policía Local falló a favor del demandante, estableciendo que había existido un incumplimiento del servicio por parte del taller y una vulneración al deber de cuidado al manejar el vehículo.
Sin embargo, la empresa apeló este fallo y la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la sentencia, argumentando que el demandante no tenía legitimación para demandar debido a que la camioneta estaba registrada a nombre de una tercera persona. Frente a este revés, el SERNAC llevó el caso a la Corte Suprema, que finalmente el 12 de junio de 2026, determinó que la protección legal no se limita solo al dueño registral o al contratante, sino que se extiende también a quienes efectivamente disfrutan del servicio. Este criterio es fundamental ya que reafirma las responsabilidades de los talleres ante cualquier daño ocasionado, independientemente de la propiedad legal del vehículo.
El fallo de la Corte Suprema destaca la importancia del SERNAC como ente regulador y protector de los derechos de los consumidores en Chile. En caso de incumplimientos por parte de proveedores, los consumidores pueden ejercer sus derechos y presentar reclamos ante el SERNAC, ya sea a través de su Portal del Consumidor, mediante la línea telefónica gratuita o acudiendo a las oficinas de atención al público. Este caso pone de relieve la necesidad de que los consumidores estén informados sobre sus derechos y las vías de reclamación disponibles, especialmente en situaciones donde la confianza y la seguridad en los servicios contratados son fundamentales.
