La Superintendencia de Pensiones (SP) ha tomado la decisión de investigar a las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del país, tras evidenciar pérdidas significativas en los Fondos de Pensiones Tipo D y E. Esta medida se fundamenta en la necesidad de determinar si las AFP han cumplido con su deber de lealtad y diligencia, tal como lo establece el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, así como lo dispuesto en la Norma de Carácter General (NCG) N° 340, vigente desde el 18 de julio de 2025. La SP ha señalado que las acciones de fiscalización realizadas han puesto de manifiesto la responsabilidad de estas entidades en las decisiones de inversión que han llevado a la depreciación de los fondos.
En virtud del artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, se estipula que las administradoras deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias para asegurar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los fondos que administran. Este artículo enfatiza que las AFP deben actuar teniendo exclusivamente en cuenta el interés de los fondos y, por ende, de sus afiliados, asegurando que todas las operaciones de adquisición y venta de títulos sean realizadas con este objetivo. La investigación se centrará en evaluar si las AFP han actuado conforme a estos principios básicos de administración fiduciaria.
Por otro lado, la NCG N° 340 ha tenido un impacto significativo en el marco regulatorio que rige a las AFP, unificando las normativas anteriores y añadiendo un nuevo capítulo sobre los Deberes Fiduciarios de las administradoras. Este capítulo define los deberes de conducta que deben cumplir aquellos que gestionan o protegen intereses ajenos, estableciendo claramente que las AFP tienen la obligación de manejar con cuidado y destreza los recursos pertenecientes a sus afiliados. Además, se subraya la necesidad de un manejo que minimice los conflictos de interés y que contemple estándares de diligencia en su operación diaria.
El inicio de este proceso sancionatorio podría tener repercusiones significativas para las AFP involucradas. Este podría marcar un precedente en la forma en que se gestionan los fondos de pensiones en el país y podría derivar en ajustes regulatorios que busquen fortalecer la confianza de los afiliados en el sistema de pensiones. La SP ha reafirmado su compromiso de actuar con rigor en la supervisión de estas entidades para asegurar que cumplan con sus responsabilidades como administradoras fiduciarias.
Finalmente, la situación actual destaca la importancia de establecer mecanismos de control más estrictos dentro del sistema de pensiones, para proteger los recursos de los afiliados y garantizar una gestión transparente y responsable. La decisión de la SP de investigar a las AFP es un paso crucial para asegurar que se mantenga la integridad del sistema y se respete el derecho de todos los trabajadores a contar con pensiones adecuadas en el futuro. Asimismo, abre un debate sobre las mejores prácticas en la administración de fondos de pensiones y la necesidad de salvaguardar los intereses de los afiliados ante eventualidades que puedan comprometer su seguridad financiera.
