El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha revelado un hallazgo preocupante: un total de 81.112 funcionarios públicos tienen contratos en más de una entidad estatal. Esta problemática fue puesta de manifiesto a través de una fiscalización extraordinaria, centrada en el acceso a la información pública, que permitió identificar múltiples registros de personal dentro de diversas organizaciones. Los datos reflejan una situación que podría comprometer la eficiencia y la transparencia en la administración pública, especialmente en un contexto donde la rendición de cuentas se vuelve cada vez más crítica para la sociedad.
El estudio de fiscalización, llevado a cabo entre marzo y diciembre de 2024, revisó información de 787 instituciones públicas, incluyendo 390 organismos del Gobierno Central, 345 municipalidades y 52 corporaciones municipales. Los datos analizados se basaron en la transparencia activa correspondiente a septiembre de 2023, donde se indagó en las planillas de personal y remuneraciones bajo diversas modalidades de contratación, incluyendo planta, contrata y honorarios. Los resultados son alarmantes y evidencian un patrón de irregularidades que requiere atención inmediata por parte de las autoridades.
Entre los hallazgos más notorios, se observó que el 80% de los funcionarios con múltiples registros contaban con dos contratos, mientras que un 20% presentaba tres o más. Esta tendencia se ha manifestado principalmente en municipalidades, y con particular énfasis en el sector de la educación, donde los registros múltiples suelen ser más recurrentes. Este fenómeno revela no solo una falta de control interno, sino también la potencial vulneración de principios fundamentales de la administración pública, como la igualdad de oportunidades y el uso eficiente de recursos.
Además, el estudio indica que el 73% de los casos de registros múltiples se concentran dentro de la misma institución. En contraste, el 27% restante corresponde a funcionarios que son registrados en múltiples entidades, siendo la combinación más frecuente la que involucra a municipios y la Administración Central, lo que representa un 10% del total. Es preocupante que fenómenos como estos puedan llevar a situaciones de conflicto de interés y de doble remuneración, lo cual podría menoscabar la integridad del servicio público.
Entre los casos más relevantes que se identificaron están los de alcaldes y jueces de policía local que, a pesar de tener cargos vigentes en otras instituciones, se encuentran en permiso sin goce de sueldo. Estas prácticas, aunque permitidas por la normativa vigente, despiertan un debate sobre la ética en el ejercicio de funciones públicas y la necesidad urgente de una reformulación legislativa que impida este tipo de acumulación de cargos. La situación requiere de una revisión rigurosa y de medidas concretas para garantizar una administración pública transparente y efectiva.
