La Contraloría General de la República anunció este martes que ha comenzado un total de 8.301 sumarios relacionados con el uso irregular de licencias médicas por parte de servidores públicos. Estos sumarios son el resultado de los cinco Consolidados de Información Circularizada (CIC) emitidos por la entidad y reflejan un esfuerzo por regular y fiscalizar el correcto uso de estos permisos entre los funcionarios del país. De estos sumarios, un significativo 67% proviene del sector municipal, según información disponible en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), diseñado para seguir y controlar el avance de los procedimientos disciplinarios.
La revisión del SIAD reveló que la Contraloría ha emitido CIC números 9, 10, 13, 14 y 15 desde mayo pasado, abordando diversas irregularidades. Estos casos incluyen la eventual salida al extranjero de funcionarios públicos con licencia médica, personal de salud que se ausentó en partos durante permisos por enfermedad, y situaciones en las que se otorgaron licencias médicas por facultativos sujetos a investigaciones penales. Además, se indaga sobre miembros de las Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería que habrían viajado al exterior mientras se encontraban en reposo médico, y funcionarios que visitaron casinos de juego en esas condiciones.
Desde que se implementó el SIAD, han sido 2.104 las entidades que reportaron casos ante la Contraloría. De estas, 1.214 han comunicado el progreso en sus procedimientos disciplinarios. En particular, el CIC N° 9 ha sido relevante, ya que hasta el 5 de septiembre, se reportaron 969 casos en los que ya se aplicaron medidas disciplinarias. De estos, 52 resultaron en destituciones, 642 en la terminación de contratos y otros sancionados con multas o suspensiones. Este informe pone de relieve la drástica respuesta de las instituciones ante las denuncias relacionadas con el uso indebido de las licencias médicas.
En cuanto a las instituciones que han finalizado procesos de investigación, destacan varias municipalidades, como las de Osorno, San Bernardo y Villa Alegre, junto con entidades de salud como el Hospital Padre Hurtado. Estas instituciones han demostrado un compromiso con el cumplimiento de las directrices de la Contraloría, siendo parte de un esfuerzo colectivo para erradicar prácticas irregulares. Esto es fundamental no solo para mantener la transparencia y la ética en el funcionamiento del sector público, sino también para restaurar la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, el cumplimiento varía entre las diversas entidades. Por ejemplo, en el caso del CIC N°14, que se refiere a los funcionarios de las FF.AA. y fuerzas de seguridad de Chile en situación de reposo médico, todas las 7 entidades con casos detectados han informado el inicio de sus procedimientos en el SIAD. En contraste, el CIC N°10, relacionado con los médicos que asistieron partos bajo condición de reposo, mostró una alarmante tasa de cumplimiento, con tan solo un 9% de los casos reportados como iniciados. Este desbalance en la respuesta interinstitucional podría poner en riesgo la efectividad de la fiscalización y la implementación de sanciones adecuadas.
