En un contexto de transformación significativa en el sistema de pensiones chileno, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, anticipó posibles episodios de volatilidad en el mercado debido a los cambios en la estructura de los multifondos hacia los nuevos fondos generacionales. Durante el seminario titulado “Fondos Generacionales: Régimen de inversiones: oportunidades y desafíos”, organizado por el Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, Cortez expuso que, aunque las estimaciones de la Superintendencia no reflejan impactos negativos contundentes, el reordenamiento de las carteras requerirá que algunas administradoras de fondos de pensiones (AFP) realicen compras, mientras que otras tendrán que vender. Este proceso estará marcado por una concentración de operaciones en mercados internacionales, aunque también se prevén ajustes en el mercado local, lo que podría introducir volatilidades temporales, pero sin efectos permanentes que amenacen la estabilidad financiera.
Cortez destacó la flexibilidad que tendrán las AFP para definir sus propias estrategias de inversión en el nuevo régimen. El superintendente enfatizó el objetivo de no intervenir excesivamente en el diseño de las políticas de inversión, promoviendo así un entorno competitivo entre las administradoras. La decisión de permitir que cada AFP construya su propia cartera de referencia se fundamenta en la experiencia de las administradoras en gestión de inversiones, ya que, según Cortez, «lo hacen mejor que el regulador». Esta mayor libertad busca propiciar una diversidad de estrategias, donde las AFP puedan innovar y competir sin la restricción de una normativa demasiado específica y granular.
El académico Mauricio Larraín, durante su intervención en el panel del seminario, catalogó este nuevo régimen de inversiones como “el principal cambio en el modelo en los últimos 40 años”. Su evaluación de los ajustes realizados en la propuesta destaca la ampliación de los rangos de asignación de activos como un paso positivo que permitirá mayor competencia entre las AFP. Sin embargo, Larraín expresó preocupaciones sobre los límites mínimos de inversión en renta fija soberana, argumentando que este enfoque podría favorecer el financiamiento del Estado a expensas de los intereses de los afiliados. Sugirió que estos mínimos deberían ser objeto de reducción gradual, subrayando que el rol de las AFP no es apoyar financieramente al Fisco.
Uno de los conceptos centrales que abordó Cortez fue el tiempo necesario para evaluar las implicancias de la nueva regulación. Mencionó que, a menudo, las decisiones de inversión requieren un horizonte considerable de tiempo para hacer un juicio cabal sobre su efectividad. En este sentido, aludió a un profesor de Finanzas que propugnaba evaluar las decisiones de inversión en un plazo de 30 años, un periodo que considera esencial al hablar de pensiones. Aunque Cortez reconoció la dificultad de esperar tres décadas para un análisis concreto, enfatizó que este será el «examen de fondo» del nuevo régimen: cómo las decisiones de inversión tomadas hoy afectarían a las pensiones de los afiliados en el futuro.
En resumen, la transición hacia los fondos generacionales representa un hito en la regulación de pensiones en Chile, ofreciendo un marco más flexible y competitivo para las AFP. A pesar de las incertidumbres y los movimientos que se anticipan en los mercados, el objetivo es que estas modificaciones terminen beneficiando a los afiliados a largo plazo. La adaptación del modelo a nuevas estrategias de inversión y la posibilidad de diversificar activos en las carteras podrían resultar en un sistema de pensiones más robusto y alineado con las necesidades contemporáneas de los futuros jubilados.
