Un grupo diverso de actores sociales, incluyendo parlamentarios, ONGs, organizaciones de Derechos Humanos y gremios profesionales, ha emitido una contundente declaración en la que condenan la posible concesión de amnistía a los agentes del Estado implicados en graves violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019. Este pronunciamiento subraya la incompatibilidad de las amnistías generales con los estándares internacionales y reitera que los estados tienen la obligación de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, destacando que la Constitución chilena respalda el respeto a los tratados de derechos humanos ratificados.
Más de cinco años después del estallido social, el informe da cuenta de que miles de causas permanecen abiertas y que las resoluciones judiciales son escasas, reflejando una profunda impunidad sistémica. Los firmantes enfatizan que el daño infligido sobre las víctimas no ha sido reparado y cuestionan cualquier intento de diluir la responsabilidad estatal, afirmando que la amnistía solo serviría para profundizar esta problemática existente. Las organizaciones defensoras de la memoria y la dignidad de las víctimas han manifestado su firme rechazo a cualquier medida que busque borrar las responsabilidades de los perpetradores.
Adicionalmente, el pronunciamiento señala que entre 2019 y 2021 se han documentado múltiples casos de violencia institucional, como torturas y lesiones oculares, reivindicando la necesidad de una respuesta democrática que incluya verdad, justicia y reparación. Los firmantes consideran que no se trata de hechos aislados, sino de una política estatal que ha fallado en la identificación y sanción de los responsables. En este sentido, una amnistía general sería un obstáculo definitivo para el acceso a la verdad judicial que tanto requieren las víctimas.
El documento propuesto plantea la creación de un Informe Nacional de Verdad y Violencia Institucional con un enfoque de independencia y en colaboración con las víctimas y especialistas. Este informe debería ser capaz de describir los patrones de actuación de las fuerzas policiales, identificar fallas institucionales y emitir recomendaciones concretas para garantizar la justicia y reparación integral, abarcando aspectos médicos, psicosociales y laborales. Se requiere también una reforma en los protocolos de uso de la fuerza para evitar que hechos similares ocurran en el futuro.
Finalmente, se hace un llamado vehemente al Senado para que detenga y archive la iniciativa de amnistía que actualmente se discute, dadas sus implicaciones negativas en el ámbito de la justicia y la confianza pública. Asimismo, se exige al Gobierno el patrocinio del Informe sobre Verdad y Violencia Institucional y el desarrollo de una política efectiva de reparación. La declaración concluye con la premisa de que la memoria no es un ejercicio estático, sino una práctica que debe ser atendida y reforzada en la cotidianidad del país.
