La Contraloría General de la República ha tomado razón del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama, pero lo hace con una serie de alcances e instrucciones que delinean el marco legal de esta asociación. Según el organismo fiscalizador, la resolución N° 161 de 2025, emitida por CORFO, requiere un examen y quedará sujeta al control previo de legalidad ante la misma Contraloría. Este enfoque busca asegurar que todas las actividades desarrolladas en este sector estratégico se mantengan dentro del marco normativo establecido.
Entre las instrucciones provistas por la Contraloría, destaca que Minera Tarar SpA, una de las empresas involucradas, estará sujeta a dicho control preventivo de juridicidad. Esto significa que cualquier decisión tomada en el contexto del acuerdo entre Codelco y SQM deberá ser revisada y autorizada por el organismo competente. La intención de la Contraloría es garantizar que las operaciones relacionadas con la explotación del litio no solo sean lucrativas, sino que también cumplan con las regulaciones ambientales y sociales vigentes.
Adicionalmente, la Contraloría indicó que Codelco está obligada a mantener una participación superior al 50% en la sociedad formada con SQM. Esta cláusula es crucial, ya que busca asegurar que la estatal chilena, encargada de administrar el recurso mineral, mantenga el control sobre la explotación del litio, vital para el desarrollo económico del país. Cualquier acto que contravenga esta obligación deberá ser sometido a la aprobación de CORFO, quienes también estarán sujetos al control previo de la Contraloría.
El litio, considerado un recurso estratégico en la transición hacia energías más limpias, ha cobrado particular importancia a nivel mundial, lo que hace que la adecuada gestión de su extracción en Chile sea un tema de gran relevancia. La colaboración entre Codelco y SQM puede ser vista como una oportunidad para posicionar a Chile como líder en la producción de litio, especialmente en un contexto donde la demanda por baterías de iones de litio, utilizadas en vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, continúa en aumento.
Finalmente, el anuncio de la Contraloría no solo reitera el compromiso del gobierno chileno con la transparencia en las operaciones mineras, sino que también subraya la necesidad de asegurar que las empresas cumplan con las normas de sustentabilidad y manejo responsable de recursos. El éxito de este acuerdo puede sentar un precedente en la administración de otros recursos naturales en el país, y los efectos de la resolución N° 161 servirán como un modelo de referencia para futuras inversiones en el sector minero.
