Con el inicio del nuevo gobierno, liderado por José Antonio Kast, el Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de Tomás Rau, se enfrenta a uno de sus desafíos más apremiantes: la regularización del empleo público en Chile. Este desafío se ve magnificado por la evidencia de que más del 30% del personal estatal opera bajo contratos a honorarios, a menudo desempeñando funciones que deberían ser permanentes. Estos contratos, diseñados para situaciones excepcionales y de corta duración, han terminado por establecerse como la norma, lo que subraya una insostenible disonancia entre la ley y la realidad laboral en el sector público.
Los especializados advierten que el uso generalizado de contratos a honorarios no solo vulnera derechos laborales de los trabajadores, sino que también genera consecuencias significativas en la gestión pública. La Corte Suprema ha intervenido recientemente, forzando a varias instituciones a reexaminar su trato hacia los trabajadores a honorarios, obligándolos a pagar cotizaciones previsionales y a indemnizar a quienes han sido afectados por estas prácticas laborales irregulares. Este proceso legal ha llevado a un aumento de la judicialización en el ámbito público, lo que repercute directamente en los presupuestos ya comprometidos y añade un nivel de incertidumbre para el funcionamiento de servicios clave.
Camila Cárdenas, socia de SoyHonorario, expresó que la problemática derivada de los contratos a honorarios ha escalado más allá de la simple relación laboral, convirtiéndose en un tema crítico de gestión pública. «El uso desmedido de una figura que debería ser excepcional ha desatado un cúmulo de gastos e incertidumbres que el Estado podría haber evitado con una regulación adecuada», sostuvo, alertando sobre los riesgos fiscales que enfrenta la administración si no se actúa rápidamente para corregir esta situación.
En este contexto, la llegada de Tomás Rau al Ministerio del Trabajo abre la puerta para un enfoque técnico que busque reequilibrar el sistema de contratación dentro del Estado. Es fundamental, según los expertos, que se busque redefinir el uso de los contratos a honorarios, lo cual no debería implicar un aumento en el gasto público, sino más bien un ajuste que permita una mejor planificación y ejecución de los recursos humanos del gobierno. Al hacerlo, se promovería una mayor estabilidad en los equipos técnicos y, por ende, se potenciaría la capacidad del Estado para cumplir con sus deberes.
El nuevo gobierno tiene, por tanto, la oportunidad de liderar un cambio estructural en la manera en que se aborda el empleo público, no solo dentro de las reformas del mercado laboral privado, sino como un tema integral de gestión pública. La regulación de los honorarios se perfila como un claro test de gestión para el Ministerio del Trabajo, que podría no solo mejorar la calidad del empleo en el sector público, sino también reafirmar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
