El abogado de la familia del teniente de Carabineros, Roberto Ruiz Yáñez, Diego Fuentes, ha presentado una querella por homicidio tras la trágica muerte del oficial, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 15 de noviembre en el cuartel de control y orden público de Pailahueque, en la región de La Araucanía. Ruiz Yáñez, quien estaba siendo investigado por la pérdida de un fusil en las instalaciones policiales, fue hallado con un disparo en la cabeza, generando un amplio debate sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
Fuentes, en declaraciones a la prensa, rechazó de manera categórica la versión que ha dado la policía sobre un posible suicidio. Señaló que «la evidencia es contundente» y explicó que la entrada del disparo, localizada en la zona retroauricular, detrás de la oreja, hace poco plausible la teoría del autoataque. Este hecho, argumentó, es más consistente con intervenciones de terceros, lo cual abre la puerta a la especulación sobre un posible homicidio.
En el contexto de la investigación, el abogado también destacó que el día de los hechos, Ruiz Yáñez se encontraba en su día libre y fue citado a la comisaría para declarar sobre el fusil perdido. Fuentes afirmó que el teniente llegó a la unidad en su auto particular, el mismo en el que, según la policía, se encontraron municiones del fusil. «Este relato no tiene lógica; nadie en su sano juicio se presentaría a una investigación portando elementos que pueden incriminarlo», enfatizó.
Asimismo, Fuentes mencionó que minutos antes de su muerte, Ruiz Yáñez tuvo una videollamada con su esposa, confirmando su regreso a casa. Esto, según el abogado, descarta la posibilidad de que el teniente estuviera atravesando una crisis suicida. «No permitiremos que este caso quede en la opacidad», insistió Fuentes, reafirmando el compromiso de la familia en buscar justicia por lo sucedido.
Por tal motivo, el abogado solicitó que el caso sea trasladado de la justicia militar a la ordinaria, argumentando la necesidad de una indagación imparcial. Además, pidió que la investigación sea llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo el Protocolo de Minnesota, y que se designe a un fiscal especializado en derechos humanos, dado la complejidad del caso y su contexto dentro de recintos policiales. La familia de Ruiz Yáñez espera que estas acciones conduzcan a la verdad y justicia.
