La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) ha presentado un informe que revela un notable incremento del 146% en las Renegociaciones de Personas Deudoras durante el año 2025, lo que subraya la creciente necesidad de los ciudadanos de acceder a procedimientos para regularizar sus deudas. En la Cuenta Pública Participativa, la Superintendenta interina, Johana Álvarez Ahumada, destacó que se realizaron más de 10,000 acciones de fiscalización, un esfuerzo significativo para reforzar la legalidad y la transparencia en los procesos de insolvencia. Esta tendencia hacia una mayor participación en la renegociación de deudas se da en un contexto donde se observan propuestas claras para el crecimiento y mejora del sistema concursal en Chile, proyectadas hacia 2026-2027.
La presentación de Johana Álvarez también puso de relieve la evolución del sistema concursal chileno, resaltando cómo el uso de los procedimientos de la Ley N.º 20.720 se ha intensificado. Este marco legal se ha convertido en una herramienta vital para la población frente a situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento. Los números son elocuentes: mientras las Renegociaciones de Personas Deudoras crecieron un 146%, las Liquidaciones de Personas también mostraron un aumento del 44%. La Superintendenta explicó que estos avances son el reflejo de un mayor conocimiento ciudadano sobre las herramientas disponibles y de los impactos positivos de la Ley N.º 21.563, que facilitó el acceso al procedimiento de renegociación, en especial para quienes emiten boletas de honorarios.
El año 2025 también fue testigo de un marcado aumento en la fiscalización y control de los actores involucrados en los procedimientos concursales. La SUPERIR llevó a cabo más de 10,066 acciones de supervisión, lo que resulta fundamental para asegurar que los procesos se lleven a cabo con la debida transparencia y legalidad. Igualmente, se impusieron sanciones por más de 4,500 UTM, lo que evidencia un compromiso con la rigurosidad en la regulación de liquidadores y otros profesionales del sistema. Este enfoque estratégico no solo busca castigar infracciones, sino también fomentar un entorno de confianza para los ciudadanos que están buscando renegociar sus deudas.
En términos de atención al público, el año 2025 marcó un hito con más de 23,000 atenciones directas, de las cuales el 63% se realizaron de manera presencial. La digitalización de procesos también se destacó, con cerca de 100,000 trámites gestionados a través de la plataforma MiSuperir. Este avance tiene un claro enfoque en facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios necesarios para la regularización de sus deudas, permitiendo que cada vez más personas conozcan y utilicen los procedimientos de renegociación. La Superintendenta enfatizó, además, la importancia de la educación financiera, mediante charlas y operativos de atención en todo el país.
Finalmente, la Superintendencia está comprometida a seguir modernizando y optimizando su marco normativo, con planes claros para los próximos años. La Superintendenta Álvarez destacó la importancia de fortalecer las herramientas disponibles, así como de avanzar en una transformación digital que mejore la eficiencia de los procesos y la ciberseguridad. «El objetivo es generar servicios más accesibles y efectivos, adaptados a la realidad económica del país», concluyó, reafirmando el compromiso de la institución con la recuperación financiera de los ciudadanos y el desarrollo económico del país.
